20 de diciembre de 2011
En el marco de la XLII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, realizada el 20 de diciembre de 2011 en la ciudad de Montevideo, las Presidentas y los Presidentes de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR destacaron la formalización de una solicitud de opinión consultiva y remarcaron la importancia de que, por primera vez en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuatro países de manera conjunta se hicieron presentes en el máximo órgano jurisdiccional del sistema interamericano de derechos humanos.
Asimismo, los mandatarios reafirmaron la prioridad por el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias y la relevancia de articular posiciones conjuntas sobre cuestiones migratorias en los foros internacionales. Este pronunciamiento, que forma parte de la Declaración Final de la Reunión Ordinaria del MERCOSUR, fue firmada por las Presidentas de la República Argentina, y la República Federativa del Brasil, y por los Presidentes de la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador. La solicitud de opinión consultiva fue aprobada en la XIX Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH) en abril de 2011 en Asunción, Paraguay.
La iniciativa surgió a instancias de la Comisión Permanente Iniciativa Niñ@Sur de la RAADDHH y contó con la asistencia técnica del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) para su elaboración. La solicitud se presentó en el mes de julio de 2011 y se declaró admisible en el mes de septiembre del mismo año. La Corte IDH prorrogó el plazo para la presentación de observaciones escritas hasta el 17 de febrero de 2012. Concretamente, esta iniciativa procura que el tribunal interamericano establezca estándares precisos para garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que migran por motivos económicos, sociales, culturales o políticos en el continente.
En la Declaración Final de Montevideo los mandatarios de los seis países reiteraron la condena a las políticas migratorias que vulneran los derechos fundamentales de los migrantes y limitan su acceso a la educación y a la salud, y repudiaron aquéllas que asimilan a los migrantes indocumentados o en situación irregular con los criminales. En especial, condenaron “las leyes aprobadas en diferentes estados federales de los Estados Unidos de América, que tipifican como delito la condición migratoria irregular, el transportar y dar empleo a inmigrantes indocumentados, entre otros”.
Además, las Presidentas y los Presidentes “reafirmaron su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación con terceros países o agrupaciones de países a fin de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, su inserción plena en los países de destino, así como el desarrollo integral de los países de origen de los flujos migratorios”. Por último, en el marco de su compromiso con la promoción y respeto de los derechos humanos, ratificaron la importancia de consolidar ámbitos que contribuyan a la articulación regional en la materia, en particular el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH).
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