Crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos preocupa al MERCOSUR

07 de agosto de 2014

Probando epígrafe en imagenLa frontera sur de los Estados Unidos con México se ha convertido en los últimos meses en el epicentro de un creciente flujo de personas indocumentadas

Por Víctor Abramovich, Secretario Ejecutivo IPPDH-MERCOSUR.

En la reciente cumbre del MERCOSUR en Caracas, las Jefas y Jefes de Estado del bloque regional expresaron en un comunicado especial su preocupación por la crisis humanitaria originada en las migraciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados en la frontera sur de los EEUU.

Se trata de un firme y claro posicionamiento de los gobiernos regionales ante uno de los conflictos de derechos humanos más graves del continente.

La frontera sur de los Estados Unidos con México se ha convertido en los últimos meses en el epicentro de un creciente flujo de personas indocumentadas, entre las cuales se encuentran miles de niños y niñas no acompañados procedentes de países de Centroamérica.

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo 2014 la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo un número récord de 47.017 niños y niñas migrantes no acompañados en situación migratoria irregular, y se estima que la cifra de detenciones ascenderá a 90.000 al finalizar el 2014.

El número de detenciones de niños procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras ha sufrido un notable aumento en los últimos años que va desde 4.059 en febrero de 2011 a 10.443 en febrero de 2012 hasta llegar a 21.537 niños y niñas en febrero de 2013. Por su parte, niños, niñas y adolescentes mexicanos están siendo deportados de manera automática, alcanzando 16.900 los niños deportados a lo largo del 2013.

El camino que emprenden estos niños es, en la mayoría de los casos, por rutas clandestinas en las cuales se ven expuestos a diversas situaciones de vulneración de sus derechos fundamentales, tales como violencia física, explotación laboral y sexual. Una vez que llegan a los Estados Unidos, muchos de ellos son detenidos por las autoridades y alojados en refugios improvisados, incluso en bases militares, en condiciones de hacinamiento.

Igualmente, organizaciones de derechos humanos que trabajan en la protección de las personas migrantes han denunciado situaciones de abusos sufridos por los niños durante su detención, incluyendo acceso insuficiente a comida y agua; hacinamiento y condiciones insalubres en celdas y centros de detención migratoria; la falta de mantas, colchones, ropa de cama limpia; además de más de cien denuncias de abuso físico, verbal y sexual por parte de los agentes en contra de las niñas y niños detenidos.

De acuerdo a un reciente estudio publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), algunas de las múltiples causas que estarían provocando este desplazamiento masivo de niños y niñas serían: las condiciones extremas de pobreza en los países de origen y la falta de oportunidades laborales; la reunificación familiar; la violencia por parte del crimen organizado, tales como carteles del narcotráfico y pandillas; la violencia en los hogares; y el reclutamiento forzado por parte de redes de tráfico de personas y redes de trabajo infantil que operan en las rutas y en los lugares de destino.

La decisión de abandonar el país de origen no responde a un único motivo, sino que está atravesada por múltiples causas que convergen exigiendo medidas integrales para erradicar condiciones estructurales que están exponiendo a estos niños y niñas a situaciones de extrema vulneración de sus derechos.

Por ello, las políticas migratorias no pueden guiarse exclusivamente hacia objetivos de seguridad y control de fronteras, porque no estarían resolviendo los problemas estructurales que provocan la migración. Estos enfoques reduccionistas han demostrado ser además inefectivos para reducir los flujos migratorios irregulares. La complejidad de la situación demanda la adopción de medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas, garantizando condiciones de vida adecuada y digna y resguardando así la protección del derecho a no migrar.

La respuesta inmediata del gobierno de los EEUU parece en cambio orientarse a acelerar la deportación de niños, incluso a través de la modificación de la normativa que hoy limita la posibilidad de implementar esos procedimientos a los niños provenientes de países centroamericanos. En 2011 los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, promovieron desde el MERCOSUR, la opinión consultiva Número 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre derechos de la niñez migrante. En esta presentación sostuvieron que las políticas y procedimientos migratorios que afectan a niños migrantes deben partir del reconocimiento de sus derechos fundamentales. Entre los principales estándares sostenidos por los Estados en esta iniciativa, debemos mencionar la no criminalización de la migración irregular, la prohibición de detención de niños por motivos migratorios, el reconocimiento del derecho a un debido proceso, el respeto al principio de no devolución y el rechazo de las políticas de deportación automática. En este sentido, se estableció la necesidad de que cada decisión de repatriación sea tomada luego de una evaluación profunda de la situación, evitando devolver al niño a un contexto de violencia, donde su vida o sus derechos fundamentales corran peligro, y procurando facilitar la unidad del grupo familiar. En la reciente decisión adoptada por los Presidentes del MERCOSUR en la reunión de Caracas, se ratifican estos principios jurídicos fundamentales.

Además en cuanto a las estrategias más profundas para enfrentar la situación, los gobiernos del MERCOSUR plantean concertar regionalmente estrategias de cooperación para el desarrollo que apunten a resolver los problemas estructurales que originan la migración, y desalientan las respuestas orientadas exclusivamente a la seguridad y el control de las fronteras.

De allí que la respuesta a esta crisis de alcance regional no es,como algunos han propuesto, un plan Mérida ni un plan Colombia para Centroamérica,una zona donde la militarización de la seguridad y la “súper mano dura” no sólo han fracasado en su objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía sino que además han agudizado los conflictos sociales de los que emergen en gran medida los masivos flujos migratorios.

Crédito fotográfico: Carta Maior.

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