26 de marzo de 2021
Comunicado N° 18/2021
El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el Tratado de Asunción para la constitución del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que hoy cumple 30 años.
Si bien su origen fue motivado prioritariamente por temas comerciales, aduaneros y macroeconómicos, desde sus inicios destacó a la paz y a la democracia como elementos claves del proceso de integración.
En 1985, la Declaración de Foz de Iguazú representa el hito histórico que marca un antecedente importante de la historia del MERCOSUR, cuando Argentina y Brasil oficializan la intención de dar inicio a una integración bilateral y reafirman su compromiso con la democracia, como fundamento de la integración. En 1989, Argentina y Paraguay suscriben una declaración en la que enfatizan la importancia de los procesos de democratización en América Latina para el establecimiento de nuevas y eficaces formas de asociación y cooperación regionales.
En 1991, se concreta la firma del Tratado de Asunción y un año más tarde, en el marco de la segunda Cumbre Presidencial del MERCOSUR, los Estados suscriben la Declaración Presidencial de las Leñas que sostiene que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia y desarrollo del MERCOSUR”.
Este énfasis puesto en la democracia, estrechamente vinculado a la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y a la promoción e implementación de la agenda de los derechos humanos en la región, es una característica central en el proceso de integración, que se origina inmediatamente a continuación de un pasado común de la región marcado por violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos articuladas en el ámbito de regímenes autoritarios.
En efecto, en 1996 los presidentes de los Estados fundadores del MERCOSUR, de Bolivia y de Chile reiteraran su compromiso con el ejercicio efectivo de la democracia representativa a través de la Declaración sobre el Compromiso Democrático, también conocida como “cláusula democrática del MERCOSUR”. A esta declaración adhirieron también con posterioridad la República Bolivariana de Venezuela, la República del Perú y la República de Colombia en 2005, y en 2007, la República de Ecuador. Profundizando este eje, en 1998 los Estados fundadores, Bolivia y Chile firman el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático y la Declaración Presidencial del MERCOSUR como Zona de Paz .
Cabe mencionar que además de los cuatro Estados fundadores, en 2006 Venezuela adhirió como Estado Parte y desde 2017 se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. El Protocolo de Adhesión de Bolivia al MERCOSUR ya fue firmado por la totalidad de los Estados Partes en 2015 y ahora se encuentra en vías de incorporación por los congresos de los Estados Partes. Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam son Estados Asociados.
El inicio del siglo XXI fue acompañado por un impulso significativo hacia un modelo de integración más político y social, que tenía como ejes la autornomía, el desarrollo y la inclusión social. Este modelo pronto pudo verse reflejado en una serie de medidas, instituciones, políticas y normas en la materia, que se sumaban a la nueva institucionalidad regional que se había iniciado con la firma del Tratado de Ouro Preto en 1994, que tiene como órgano superior al Consejo del Mercado (CMC); al Grupo Mercado Común (GMC) como órgano ejecutivo y la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM).
En el año 2000, los Estados adoptan la Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social en el MERCOSUR, Bolivia y Chile en la que acuerdan que el crecimiento económico no es suficiente para erradicar la pobreza y se comprometen a crear políticas comunes contra la exclusión social.
Entre los logros de los países del MERCOSUR en materia de derechos humanos cabe destacar los Protocolos de Integración Educativa, de 1994, 1995, 1998 y 1999; el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR, firmado en 1997 y que entró en vigencia en 2005; la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, ambas de 1998, año en el cual además se creó el Foro de Consulta y Concertación Política; la Declaración Presidencial de los Derechos Fundamentales de los Consumidores del MERCOSUR, de 2000; la Declaración de Erradicación del Trabajo Infantil y el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, de 2002; el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) de 2010 y la Aprobación de Plan de Acción para la conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR; entre otros.
En la construcción de este proceso de integración regional, son hitos importantes de la historicidad institucional en materia de derechos humanos a partir del siglo XXI, el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR en el año 2005, conocido como “cláusula de derechos humanos”, y la Declaración sobre Derechos Humanos de los Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados. En 2011, la firma del Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia (Ushuaia II).
En este sentido, la creación de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos en 2004, que tenía como antecesor al Grupo de Trabajo ad Hoc sobre Derechos Humanos vinculado al Foro de Concertación Política y Social, y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) en 2009, expresan claramente el compromiso de los países con el Estado de Derecho y con la consolidación de los derechos humanos como eje de la identidad y desarrollo regional.
Esta construcción de institucionalidad en la materia, se complementa con la existencia de la Secretaría del MERCOSUR, el Foro Consultivo Económico y Social y el Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP) , entre otros, y con la creación del Tribunal Permanente de Revisión (TPR) en 2002; el establecimiento del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) en el 2006 y la creación del Instituto Social del MERCOSUR en 2007. A estas instituciones, se suman la creación de reuniones especializadas como la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales (REDPO) en 2004; la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM), en 2011; la Reunión de Autoridades sobre Pueblos Indígenas (RAPIM) y la Reunión de Ministros y Altas Autoridades sobre Afrodescendientes (RAFRO) Autoridades en Derechos Humanos en 2010; entre otras.
En la actualidad, la RAADH se consolida como el espacio regional para la coordinación intergubernamental de políticas públicas en derechos humanos, integrada por nueve comisiones permanentes sobre temas específicos: Memoria, Verdad y Justicia, Comunciación en Derechos Humanos, Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersex (LGTBI), Discriminación, Racismo y Xenofobia; Género y Derechos Humanos de las Mujeres, Personas con Discapacidad, Educación y Cultura en Derechos Humanos; Iniciativa Niñ@sur y Personas Mayores. Desde su creación, esta instancia del MERCOSUR al igual que otros espacios sobre derechos humanos, promueve la participación social.
Estos treinta años dan cuenta de un recorrido institucional que avanza, basado en consensos, con los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio. La crisis actual, ocasionada por la pandemia del COVID-19 promovió la adopción en 2020, de la Declaración de Asunción de la RAADH sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Situación de Pandemia COVID-19.
Este 30° el aniversario es una oportunidad para reflexionar acerca del camino recorrido, los avances y desafíos a futuro, teniendo presente la importancia del MERCOSUR en la construcción y consolidación de la paz, el desarrollo, la democracia y los derechos humanos como eje de la identidad y desarrollo del bloque regional.
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