30 de julio de 2022
El Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conmemora cada 30 de julio con el fin de recordar y reflexionar acerca de la grave situación que viven millones de personas víctimas de trata y la urgencia de promover las medidas necesarias para prevenir, perseguir y sancionar esta grave violación a los derechos humanos.
En 2022, el mundo se encuentra atravesado por las consecuencias de la pandemia de COVID-19, y su impacto en la situación económica y social, con un contexto de millones de personas sin trabajo, sin escuela y sin apoyo social, generando un mayor riesgo de que ocurra el delito de trata, lo que exige de los Estados acciones específicas y urgentes para erradicar este flagelo y promover y proteger los derechos de las víctimas.
La trata de personas refiere a “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, tal como lo expresa el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, que fue ratificado por todos los Estados Partes del MERCOSUR.
La prevención y combate del delito de trata de personas es un tema prioritario en la agenda del MERCOSUR. Al tiempo que se trata de un crimen transnacional, que afecta principalmente a mujeres y niñas y representa una forma extrema de violencia de género que vulnera los derechos de las mujeres, todos los Estados Partes son destino y origen entrecruzados de explotación, y gran parte de las principales zonas de captación y reclutamiento se encuentran en las fronteras de los países del MERCOSUR.
En ese marco, los países de la región han adoptado una serie de medidas como la Estrategia Regional de Lucha contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual (2013); la Guía regional del MERCOSUR para la identificación y atención a necesidades especiales de protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (2015); la Declaración contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso (2015), o Declaración sobre la necesidad de crear herramientas jurídicas regionales con el fin de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (2014), entre otras. También se destacan la aprobación, a propuesta de la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer, de un mecanismo de Articulación para la Atención a Mujeres en situación de Trata Internacional que permitió conformar una Red MERCOSUR para brindar especial atención a mujeres en cooperación entre todos los Estados Parte, y la implementación de la Campaña MERCOSUR Libre de Trata de Mujeres.
Por su parte, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) ha desarrollado estudios e investigaciones, cursos de capacitación, actividades de participación e intercambio, y acciones de comunicación y sensibilización sobre esta temática. El último estudio publicado sobre el tema lleva por título Migración, derechos sociales y políticas contra la trata de personas en las fronteras del MERCOSUR: el caso de las ciudades de la Triple Frontera, y fue realizado por el IPPPDH en asociación con la Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (GLO.ACT), iniciativa conjunta entre la Unión Europea (UE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con la OIM y UNICEF.
La investigación toma el caso de las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), y parte de la centralidad del enfoque de derechos humanos en relación al desarrollo y aplicación de políticas públicas para el acceso a derechos sociales y la lucha contra la trata de personas en el marco de las migraciones regionales. Se propone brindar información útil a los funcionarios que se encuentran a cargo del diseño e implementación de políticas públicas de promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes y víctimas de trata de personas.
Según el estudio realizado, en los países abordados se registraron importantes avances en materia de normativa, en este sentido, las Leyes Nº 26.364 (2008) y 26.842 (2012) de Argentina, la Ley Nº 4.788 (2012) en Paraguay y, finalmente, la Ley Nº 13.344 (2016) en Brasil son trascendentales en cuanto suponen la tipificación del delito, la adecuación de la normativa y la visibilización de la problemática, mismo avance se registró en cuanto a políticas públicas. Sin embargo, la investigación señala también que se debe seguir avanzando en la producción y sistematización de información a los fines de generar nueva información que sea relevante para la toma de decisiones, gestión y monitoreo de las políticas públicas que abordan la trata de personas, además de impulsar más campañas de visibilización de la problemática y de difusión sobre el tema. Asimismo, señala que para el enfoque de derechos la información pública es esencial para profundizar mecanismos y espacios de participación popular directa, y poder llevar a cabo procesos participativos de diseño, planificación y monitoreo de políticas públicas.
La publicación también destaca el rol de los sistemas judiciales,” tanto en los procesos de prevención y combate de este delito, desbaratamiento de redes de trata, asistencia a las personas que hayan estado bajo la situación de trata evitando caer en procesos de revictimización”.
Cada 30 de julio es la oportunidad para contribuir a visibilizar y promover acciones frente a esta grave violación a los derechos humanos en la región. En ese marco, el IPPDH seguirá brindando asistencia técnica, mediante la capacitación, la investigación, la generación de mecanismos de participación social, la difusión de información y sensibilización pública, con el objetivo común de combatir la trata de personas en el MERCOSUR.
Líneas telefónicas y otros medios para denunciar:
ARGENTINA: Marque el 145 es una línea de atención gratuita y anónima, para recibir denuncias ante posibles casos de trata y explotación de personas.
BRASIL: Marque 100 para denunciar violaciones a los derechos humanos o el número 180 para encaminar denuncias sobre violencia de género.
PARAGUAY: Marque el número (59521) 454-611 de la Unidad Especializada de Trata de Personas y Explotación sexual de niños, niñas, y adolescentes o escriba a http://denuncias.ministeriopublico.gov.py/. Marque el número 137 para mujeres víctimas de violencia.
URUGUAY: Marque el 0800 7272 del Inmujeres o el 2400 0302 interno 5510 (Montevideo) 098406610 (Cerro Largo) del Servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual
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