19 de junio de 2023
El Día Mundial de los Refugiados se conmemora cada 20 de junio desde el año 2001, con el fin de visibilizar y concientizar sobre la situación global de las personas refugiadas y desplazadas.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publicó el pasado 14 de junio las Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2022, el informe reveló que, a finales del 2022, el número de personas desplazadas por guerras, persecución, violencia y violaciones de los derechos humanos llegó a 108.4 millones, la cifra más alta de la que se tiene registro y aumentó 19.1 millones en relación con el año 2021. El informe además asegura que la tendencia global no va a disminuir en 2023 como resultado de la guerra en Ucrania, los conflictos recientes en Sudán, el cambio climático, violación de los derechos civiles, discriminación y violencia por identidad de género y/o orientación sexual, entre otras causas de desplazamiento. El informe señala que de las 110 millones de personas en situación de desplazamiento forzado, 35.3 millones tienen condición de refugio, mientras que 62.5 millones se han desplazado forzosamente dentro de sus países por conflictos internos y otras formas de violencia.
De acuerdo a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define a una persona refugiada como aquella que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”
A nivel mundial existen instrumentos legales del derecho internacional para la protección internacional de los refugiados, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Más recientemente, en 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que reconoce que la cooperación internacional es esencial para encontrar soluciones sostenibles para las situaciones de refugiados, y representa una guía para que gobiernos, organizaciones internacionales y otras partes interesadas garanticen que las necesidades a las comunidades de acogida y que las personas refugiadas.
En el ámbito de la región, en el 2000, los Ministros de Interior de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile realizaron la “Declaración de Río de Janeiro sobre la Institución del Refugio”. En 2003, en el ámbito de la Reunión de Ministros del interior del MERCOSUR se creó el Foro Especializado Migratorio (FEM) En 2004, la Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios del MERCOSUR, los Estados reafirmar los compromisos de brindar y promover la protección internacional a las personas refugiadas.
Posteriormente en 2012, los Ministros de Interior del MERCOSUR ampliaron su compromiso en la Declaración de Principios de MERCOSUR sobre la Protección internacional de los Refugiados en la que se establece la identificación de situaciones de asilo con enfoque de género, el derecho a vivir en familia y garantizar el principio de no devolución, y crearon la Reunión de Comités Nacionales de Refugiados del MERCOSUR (CONARES). Esta Declaración conocida como Declaración de Principios de Fortaleza recoge los principios de la protección y los principales compromisos asumidos por los Estados en instrumentos previos y cuenta con una expresión que pone de relieve al MERCOSUR Ampliado como un espacio humanitario de protección.
En esta misma línea, a partir del 2014, en la reunión ministerial de culminación del Proceso Cartagena+30, los Estados de América Latina y el Caribe adoptaron la Declaración de Brasil “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe” y el correspondiente Plan de Acción de Brasil “Una Hoja de Ruta Común para Fortalecer la Protección y Promover Soluciones Sostenibles para las Personas Refugiadas, Desplazadas Apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad”.
Asimismo, el MERCOSUR participa del Pacto Mundial sobre los Refugiados, como parte del compromiso de sus países por garantizar los derechos de las personas refugiadas, respetando el principio de no devolución y trabajando por su inclusión con políticas públicas específicas con enfoque de derechos humanos. El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), desde su creación, ha desarrollado investigaciones, cursos de formación y ha asistido técnicamente a los Estados de la región a fin de promover políticas migratorias con enfoque de derechos humanos para las personas en situación de refugio. En este día, el IPPDH llama la atención sobre el aumento récord de personas en desplazamiento forzado y refugio en el 2022 y hace un llamado regional para la promoción y coordinación de políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos de las personas refugiadas.
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.