17 de febrero de 2023
El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por medio de la resolución (A/RES/62/10) que el 20 de febrero de cada año se celebre el Día Mundial de la Justicia Social y es una oportunidad para reflexionar en torno a la importancia de promover sistemas económicos nacionales, regionales y mundiales basados en los derechos humanos.
Retomando la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social, adoptada en 1995, en esa resolución las Naciones Unidas reconocieron que “el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, y a los avances en materia de desarrollo económico y tecnológico sin precedentes, millones de personas viven actualmente en la extrema pobreza, con las implicancias que esto tiene para el desarrollo sostenible y el efectivo goce de derechos.
En este marco, es necesario recordar que América Latina es considerada la región más desigual del planeta. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicados en su informe anual Panorama Social de América Latina, se estima que entre 2020 y 2021 las personas en situación de pobreza extrema se incrementaron en cerca de cinco millones, alcanzando los 86 millones, y el número total de personas en situación de pobreza bajaría ligeramente de 204 a 201 millones.
Además de las causas estructurales de discriminación y marginación, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha impactado y sigue impactando en toda la sociedad, especialmente en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como las personas mayores, los adolescentes, las mujeres, las personas LGBTI, las personas afrodescendientes y las comunidades indígenas.
Por ello, se vuelve necesario recordar el compromiso asumido por los Estados de promover sistemas económicos nacionales y mundiales basados en los principios de la justicia, la equidad, la democracia, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión, y poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El MERCOSUR, desde su creación en 1991, fue concebido como un proceso de integración regional para ampliar las dimensiones de los mercados nacionales con el fin de acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social. A lo largo de sus más de 30 años de existencia, los Estados Partes del MERCOSUR han reafirmado su compromiso con los derechos humanos, la democracia y la paz.
En este Día Mundial de la Justicia Social, desde el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) destacamos la necesidad de fortalecer el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas para implementar en los distintos niveles, teniendo en cuenta la perspectiva de género, y los grupos en situación de vulnerabilidad, para promover sociedades más equitativas, inclusivas, solidarias, sostenibles y pacíficas.
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