01 de mayo de 2023
Cada 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora en recordación de la violenta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick, en la ciudad de Chicago, durante los meses de abril y mayo de 1886. Todo esto en el marco de las protestas por las extensas jornadas de trabajo y las condiciones insalubres con la consigna Ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho horas de recreación.
En el contexto mundial, según el informe 2023 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tendencia a la desaceleración económica se acentuó en el escenario post pandémico, hay menos generación de empleos decentes y formales, aumentó la precarización laboral obligando a más trabajadores y trabajadoras a aceptar empleos mal pagados y sin protección social y jurídica, acrecentando las desigualdades. Además, las sucesivas crisis económicas, políticas y sociales de las regiones más vulnerables y desiguales del mundo están mostrando una tendencia: las personas, aun trabajando, no llegan a satisfacer sus necesidades básicas.
Este escenario presenta múltiples desafíos, especialmente para nuestra región y los gobiernos de América Latina. Uno de estos desafíos consiste en llevar adelante políticas públicas orientadas a fomentar y garantizar trabajo decente desde una perspectiva de derechos humanos e interseccional, que garantice la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión en razón de raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar. Un camino al desarrollo sostenible con justicia social.
En el ámbito regional, los Estados Partes del MERCOSUR han recorrido un camino en esto de promover el trabajo decente en la región. En 1991 se crea la Reunión de Ministros de Trabajo del MERCOSUR que, en un contexto de políticas económicas neoliberales, empezó a promover el diálogo e intercambio de ideas sobre una política sociolaboral para la región. Resultado de eso fue la firma en 1998 de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, posteriormente revisada en 2015.
En esa revisión de 2015 los Estados declararon que se comprometen a formular y poner en práctica políticas activas de trabajo decente y pleno empleo productivo, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Además, incluye y desarrolla el concepto de empresas sostenibles e insta a fortalecer las cadenas productivas regionales, generar valor agregado e identificar inversiones, pero siempre en el marco de la dignidad humana, la sostenibilidad del medio ambiente y el trabajo decente.
También establece los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, para trabajadoras y trabajadores con discapacidad, derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la prevención y erradicación del trabajo infantil, libertad sindical, derecho a huelga, derechos de los empleadores, salud y seguridad en el trabajo, entre otros aspectos.
Otros documentos del MERCOSUR también alcanzan y abarcan los derechos de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, el Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR, en sus capítulos 4 y 5 establecen los compromisos de los Estados Partes en estas materias, además, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur vigente desde 1997 establece el acceso a los derechos de seguridad social en igualdad de derechos y obligaciones en todos los países del bloque. Otros instrumentos afines pueden encontrarse en la web del MERCOSUR.
El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de todas las personas, la dignidad humana y el ejercicio de otros derechos humanos, por tanto, desde el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) instamos a la reflexión colectiva en el marco del Artículo 21 de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR en el que los “Estados Partes reafirman la centralidad del empleo en las políticas públicas para alcanzar el desarrollo sostenible de la región”.
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