28 de enero de 2015
Fiscales y procuradores generales de la región adoptaron nuevo instrumento de cooperación penal para investigar graves violaciones a los derechos humanos. Fue en el marco de la XVII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados (REMPM), realizada en noviembre pasado. El documento fue redactado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de Argentina, basado en un texto elaborado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH).
Guía para la interpretación y aplicación de los tratados de asistencia jurídica mutua en asuntos penales relativos a casos de graves violaciones a los derechos humanos, es el documento que apunta a facilitar y agilizar la cooperación entre los Ministerios Públicos del bloque regional, para el desarrollo de investigaciones y procedimientos judiciales relacionados a hechos sobre graves violaciones a los derechos humanos.
El instrumento establece pautas generales para la interpretación y aplicación de tratados ya vigentes (Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del MERCOSUR y el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile).
Por otra parte, la Guía incorpora el principio de rápida y pronta asistencia para casos que involucren graves violaciones (tratamiento prioritario de estos casos y en un plazo razonable). Además, introduce herramientas de cooperación que fueron diseñadas por la comunidad internacional para efectivizar la asistencia recíproca de los Estados en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, o para la investigación y juzgamiento de graves crímenes internacionales, como la desaparición forzada de personas o la tortura.
En particular, establece que cuando se solicite asistencia jurídica para casos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos, las representaciones de los Ministerios Públicos que intervengan se comprometen, en el marco de sus competencias específicas, a realizar una interpretación restrictiva de las excepciones para brindar la asistencia, prevista en los tratados de cooperación vigentes.
Asimismo, y entre otras disposiciones, el instrumento habilita a los fiscales intervinientes a realizar consultas informales y directas, a crear equipos conjuntos de investigación y unidades de búsqueda de documentación, y a utilizar la videoconferencia tanto para obtener declaraciones (testimoniales, indagatorias y periciales) como para intercambiar información y/o coordinar líneas de investigación.
El instrumento utiliza de base un documento elaborado por el IPPDH, en cumplimiento del mandato de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur (RAADDHH) para diseñar instrumentos jurídicos que permitan mejorar la cooperación interestatal en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
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